Nota de prensa de la Mesa Nacional de la Bicicleta: Seguridad vial – baremo y abolición de faltas

La Mesa Nacional de la Bicicleta, procede a emitir la siguiente nota de prensa.
El pasado 22 de septiembre ha sido aprobada la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, publicada en el BOE el día 23 de septiembre de 2015. La Mesa Nacional de la Bicicleta, compuesta por los colectivos la coordinadora en Defensa de la Bicicleta (CONBICI) la Asociación de Ciclistas Profesionales (ACP), la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC), la Asociación de Marcas y Bicicletas de España (AMBE) y la Red de Ciclojuristas, desea comunicar su profunda decepción por la completa falta de sensibilidad mostrada por aquéllos Grupos Parlamentarios que con su voto han logrado la aprobación del texto legal tal cual ha resultado en su redacción final.

Muy a pesar de las numerosas reuniones con los responsables de los distintos Grupos Parlamentarios del Congreso y de las propuestas alternativas aportadas en nombre de la Mesa Nacional de la Bicicleta, no se han aceptado en el Congreso o el Senado ninguna de las enmiendas propuestas y que dan como resultado una norma perjudicial para colectivos vulnerables, especialmente ciclistas y peatones.

Compartimos plenamente la valoración al entonces Anteproyecto de Ley que regula el sistema para la valoración de daños y perjuicios causados a personas en accidente de circulación que el Fiscal de Sala de Seguridad Vial, don Bartolomé Vargas, remite mediante informe a la Directora General de Seguros y Fondos de Pensiones El texto de este Anteproyecto es sustancialmente idéntico al finalmente aprobado. Ver el informe.
Se aprueba esta ley con un discurso triunfalista por conseguir la cuadratura del círculo: dejar satisfechas a las compañías de seguros y a importantes asociaciones de víctimas de la carretera (las de fallecidos y grandes lesionados). Sin embargo, la Ley favorece a las compañías aseguradoras que, merced a la importante disminución de los accidentes mortales de tráfico en los diez últimos años, pueden permitirse aumentar la cuantía de las indemnizaciones en casos de fallecimiento y traumatismos graves y, aun así, ahorrarse una sustancial cantidad de dinero. Las favorece también -y aquí está el problema- porque facilita a las aseguradoras no atender adecuadamente y con equidad a las víctimas con lesiones menos graves, que son las más numerosas, al establecer unos requisitos de acceso a la indemnización muchos más exigentes que los de la anterior ley, lo cual contrasta, además, con el notable incremento de la recaudación de las aseguradoras por el aumento del parque automovilístico.
Por lo tanto nos encontramos con un baremo que reduce secuelas y pone condiciones casi imposibles para acreditar otras. Con la excusa de la existencia de un incierto nivel de fraude, se va a producir el efecto de reducir el número de personas indemnizadas que ciertamente han sufrido daños. La lucha contra el fraude no puede convertirse en la eliminación de justas indemnizaciones para todas las víctimas y sus familias. No se puede argüir el fraude como motivo para sospechar de todas las víctimas inocentes que son el 95 % del total y acabar recortando derechos indemnizatorios.

Igualmente nos encontramos ante un texto que empeorará los derechos de los 250.000 ciudadanos que tienen heridas leves y graves cada año. No dudamos que el texto trata de mejorar la situación indemnizatoria de las graves invalidantes y los fallecidos, pero estas, afortunadamente -insistimos, afortunadamente-, suponen menos del 1 % del total. Las asociaciones de víctimas han defendido el principio de personalización y, finalmente, el proyecto hace prevalecer el de objetivación, lo que dificulta a las víctimas ser indemnizadas plena e individualmente. La garantía de justicia es la libertad de juzgar por parte de los jueces, cosa que con el texto del Gobierno se limita, a nuestro entender, gravemente. Es un baremo muy complicado de entender y, por lo tanto, malo para los ciudadanos, especialmente para los más vulnerables, que quedan a los pies de los caballos. Pero, además, esta medida se da en un contexto muy concreto: La despenalización de las faltas; la de facto inexistente justicia gratuita para quienes tienen menos recursos y son víctimas de un accidente; la reforma del Código Penal en materia de tráfico, que deja sin la protección del Estado, de por sí muy deficiente y contaminada, a las víctimas y familias que ya tienen que enfrentarse en procesos civiles. Este Código Penal hace que la grandísima mayoría que hasta ahora era víctima de delitos -se estima que en un 97 % del total de 250.000 casos de tráfico al año- ya no lo sea, porque pierden derechos como es el de atención en las oficinas de atención a víctimas del delito, atestados, informes periciales, judiciales, la modificación de los plazos de prescripción, que las víctimas tengan que pagar de su indemnización a los profesionales que avalan sus lesiones y reclaman sus derechos. Nos encontramos ante la privatización de la justicia, donde el más fuerte hará y deshará a su antojo con muchos medios y sin prisas para solucionar los conflictos.
Finalmente, no están protegidos por el Estatuto de la víctima del delito. En resumen, nos encontramos ante una estrategia que durante esta legislatura ha preparado un expolio de derechos para hacer que entre todos paguemos lo que corresponde al seguro. Los grandes discapacitados mejoran, pero aun así, a nuestro entender, están maltratados, porque el seguro cubre 70 millones de euros y raro o imposible será que en los casos más graves el total a percibir sobrepase el 5 % de ese límite. En algunos casos, mirando el enrevesado articulado, vemos que pagamos todos con cargo a las arcas públicas lo que debe pagar el causante del accidente y su aseguradora. Se privatiza el beneficio y se socializan las pérdidas. La aseguradora se beneficia alegando erróneamente enriquecimiento injusto de las cuotas que ha pagado la víctima a la Seguridad Social para estar asegurado y para percibir una pensión de discapacidad, viudedad u orfandad. Se minusvalora a quienes desarrollan su trabajo cuidando a la familia y se les trata indignamente, asignando un valor a ese trabajo de 650 euros mensuales para calcular las indemnizaciones a percibir. Se obliga al perjudicado -cuestión de dudoso encaje con derechos constitucionales- a poner su cuerpo a disposición de un médico de la compañía con la que no se tiene ningún vínculo contractual, como sucede con un contrato de seguro de accidentes de vida o donde esa obligación se acepta explícitamente por el asegurado. Aquí no son asegurados, son perjudicados y, además, cuando existen servicios médicos públicos con profesionales plenamente capacitados y, evidentemente, mucho más independientes y difíciles de condicionar que los médicos de parte. A los familiares de fallecidos se les incluye a todos en el mismo saco y no se garantiza que el núcleo familiar de convivencia y dependencia -el que directamente paga las mayores y graves consecuencias afectivas, morales, sociales, familiares y económicas del fallecimiento- reciba lo necesario durante el tiempo suficiente. Se pretende dar café para todos atendiendo al principio de objetivación, cuando debe primar, insistimos, la personalización.

En definitiva, este proyecto dejará a miles de víctimas sin reclamar lo que les corresponde por las dificultades y coacciones que van a encontrar. Un diario generalista de tirada nacional publicaba algún ejemplo concreto de todas estas cuestiones. En el caso del llamado latigazo cervical, de molestas y permanentes consecuencias por los vértigos y dolores de cabeza prolongados en el tiempo, la indemnización bajará de 10.686 euros a 4.447. En el caso de la incapacidad permanente parcial o limitación para desarrollar completamente actividades que la víctima desarrollaba antes del accidente, se pierde cualquier tipo de indemnización cuando esta ahora asciende a 19.172 euros. La disminución de los accidentes de tráfico y la disminución progresiva del número de fallecidos y lesionados graves, algo por lo cual nos debemos todos felicitar, enmarca un nuevo panorama en el que las compañías aseguradoras tendrán importantes ahorros sobre las indemnizaciones que ahora se ven obligadas a satisfacer y con ello a incrementar considerablemente sus beneficios. El sector del seguro plantea, muy inteligentemente, este nuevo baremo: subir indemnizaciones a lo que disminuirá más rápidamente y recortar o quitar a los 200.000 leves, que evolucionarán también a la baja, pero mucho más -desgraciadamente- lentamente. Solo en gastos de tramitación de expedientes que no se abrirán o que no se pagarán porque las víctimas desistirán, es una cantidad muy importante, y si añadimos que cuando se pague, se pagará mucho menos, las cuentas salen redondas.

Pedimos a los futuros parlamentarios que próximamente sean elegidos que sometan a reforma inmediata tanto la despenalización de las faltas de imprudencia como la completa revisión de la reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. Como colectivo vulnerable al que representamos lucharemos para que en los programas electorales de los distintos partidos exista un compromiso decidido para la defensa real de la totalidad de las víctimas de accidentes de circulación.

MESA NACIONAL DE LA BICICLETA

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